El PNV utiliza a la Diputación Foral de Bizkaia para torpedear la ILP presentada por ELA en el Parlamento Vasco
El PNV no quería que ese debate político se produjera. Una de sus parlamentarias llegó a decir en el pleno: “vosotros tendréis 110.000 firmas, pero nosotros 384.000 votos”. De esa forma dejaba constancia del respeto que tienen a las Iniciativas Legislativas Populares.
ELA considera inaceptable que, una vez tomada esa decisión, el PNV se valga de la Diputación de Bizkaia y utilice el trámite previsto en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía para plantear una “Cuestión de Competencia”. La Diputación (el PNV) usa ese procedimiento para que la ILP no se tramite porque -dice- “invadiría sus competencias”. Se usa una argucia legal para que no se debata la política de subcontratación. ELA quiere destacar que en las conversaciones que nuestro sindicato mantuvo con los distintos grupos parlamentarios (incluido el PNV) el argumento de la “cuestión de competencia” no apareció en ningún momento.
La Diputación decide obstruir el trabajo del Parlamento sin ni siquiera señalar qué precepto o competencia legal se vería vulnerado. No justifica para nada la solicitud de la cuestión de competencia.
De todas formas, más allá del debate jurídico, a estas alturas, nos pareceescandaloso que un partido de ámbito vasco niegue al Parlamento Vasco la capacidad de debatir y decidir sobre cualquier tema. No es la subcontratación el único tema, ahí está la política fiscal, tabú donde los haya. Es una actitud que nos retrotrae a los peores tiempos del neoforalismo más rancio y de los Reinos de Taifas.
La iniciativa de la Diputación tiene efectos inmediatos. Supone la suspensión de la tramitación y que quien vaya a decidir si finalmente se realiza o no sea una Comisión Arbitral extraparlamentaria compuesta por 3 vocales nombrados por el propio gobierno, 3 por las Diputaciones (uno por cada una) y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
A ELA no se le escapa que el veto al debate político se plantea sobre los temas sociales y tiene que ver con la decisión de primar los negocios privados. Debe llamarse la atención sobre que cuando se trata de proteger los negocios privados se usen los mismos argumentos que el Estado utiliza para negarnos capacidad de decisión. ¿Quién limita el debate político al Parlamento? El PNV. ¿Quién desprecia la voluntad de 110.000 ciudadanos y ciudadanas? El PNV. ¿Qué intereses defienden? Los de las empresas adjudicatarias que ganan dinero sin asumir ningún riesgo a costa de destruir empleo y explotar a los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas.
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